La Comisión Europea ha presentado un paquete de medidas alargar el ciclo de vida de los productos textiles, prohibir el 'greenwashing' o 'ecoblanqueo', es decir, las prácticas para mejorar la imagen de las empresas con campañas ecológicas, ampliar el espectro de la regulación para el etiquetado de los productos sostenibles, mejorar la sostenibilidad de los materiales de construcción así como la revisión de la normativa de derechos del consumidor para luchar contra la obsolescencia programada, como parte de su estrategia de economía circular.
"La propuesta traerá grandes cambios en la manera en que consumimos y producimos en la UE pero también a nivel global", ha señalado el vicepresidente primero de la Comisión Europea, Frans Timmermans, en rueda de prensa tras el Colegio de Comisarios, que ha insistido en que los productos deben mejorar su durabilidad y que los teléfonos móviles no deben perder su funcionalidad por que la batería se estropee y no pueda ser reemplazada.
La Comisión Europea ha lanzado una estrategia para aumentar el ciclo de vida de los productos textiles de cara a 2030, a través del uso de fibras recicladas y promoviendo el uso de sustancias que sean respetuosas con el medioambiente y los derechos sociales, considerando que se trata de la segunda industria más contaminante, por detrás de la energética.
"Promoveremos cadenas de valor sostenibles para textiles a nivel global, con particular atención a estándares medioambientales pero también sociales", ha incidido Timmermans.
La reutilización en el sector la moda es del 1%, ha complementado el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkievicius, que ha defendido normas "más estrictas" y la posibilidad de que haya recogida de las prendas para aumentar la reciclabilidad de las prendas para nuevas colecciones.
La estrategia contempla, además, un pasaporte digital para los productos textiles en la UE que contenga información clara y permita recortar la producción de microplásticos de esta industria, promover la reutilización y reciclado de prendas, especialmente en lo que afecta a la industria del 'fast fashion', una dinámica productiva que se basa en la presentación nuevas colecciones en cortos plazos de tiempo.
PROHIBIR EL 'GREENWASHING'
Además, Bruselas ha propuesto una actualización de la normativa para prohibir las prácticas por las que las empresas mejoran su imagen con campañas ecológicas sin pruebas, conocido como 'greenwashing', por lo que no permitirá a las compañías informar sobre prácticas sostenibles que no pueden ser demostradas o hablar del respeto al medioambiente de un artículo basándose sólo en un aspecto del producto.
Hemos visto recientemente 150 reclamaciones medioambientales por una serie de productos que incluían afirmaciones vagas, sin fundamento o que inducían a error", ha detallado el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, en rueda de prensa.
En el Pacto Verde plantea que las empresas no tengan la posibilidad de afirmar que su producto es ecológico y verde si no tienen pruebas que así lo demuestren, ha recordado Reynders, que ha señalado que la propuesta trata de plasmar en el derecho de consumo extendiendo la lista de prácticas prohibidas en la directiva.
Como ejemplo de prácticas que se prohibirán el comisario de Justicia ha enumerado que los vendedores no podrán poner etiqueta de sostenibilidad en su producto si no se basa en un sistema de certificación ni está reconocido por las autoridades públicas y se prohibirá a los vendedores hacer afirmaciones medioambientales si no son capaces de demostrar esa eficiencia medioambiental.
PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN MÁS SOSTENIBLES
Asimismo, el Ejecutivo comunitario ha planteado la revisión de la regulación de los productos de la construcción, de cara a hacerlos más duraderos, reparables y reciclables. La revisión pretende crear unos estándares europeos con reglas claras para todos los operadores de la cadena de suministro, con lo que se evitarán los obstáculos regulatorios en el mercado único.
La revisión de la regulación pretende reducir también las barreras administrativas para el sector, y especialmente para las pequeñas y medianas empresas, a través de una base de datos de productos del sector y un pasaporte digital asociado a cada uno de ellos.
El comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, ha señalado la importancia de disponer de un pasaporte para disponer de la trazabilidad de los productos que se fabrican fuera de la UE respeten las normas del mercado comunitario.
El Ejecutivo comunitario ha propuesto una regulación para el diseño ecológico de productos sostenibles de cara a desarrollar productos más duraderos y reutilizables y promover la reparación de productos en el mercado comunitario, con lo que se pretende evitar la división entre Estados miembros.
La propuesta legislativa amplía el actual marco sobre diseño ecológico, para amparar una mayor variedad de productos y ampliará los requisitos que deben cumplir, no solo considerando la eficiencia energética sino también cumpliendo criterios de circularidad y de reducción del impacto sobre el medioambiente.
"Pedimos a las compañías transparencia sobre los productos que no han sido vendidos y establecer reglas para acabar con estas prácticas", ha detallado Timmermans, que ha instado a establecer nuevas reglas para los productos eléctricos y de calefacción.
Dado que los productos que no son vendidos "contribuyen a generar desperdicio", se pedirá a las compañías información de lo que descartan y por qué y tratarán de prohibir la destrucción de ciertas categoría de productos, ha complementado Sinkievicius.
LUCHAR CONTRA LA OBSOLESCENCIA PROGRAMADA
Por otro lado, Bruselas ha propuesto una actualización de la normativa para luchar contra la obsolescencia programada y propone revisar la legislación de derechos del consumidor para que los distribuidores deban aportar información clara a los ciudadanos de la durabilidad de los productos.
La propuesta contempla la prohibición de prácticas fraudulentas como no informar de los mecanismos que limitan la durabilidad de un producto o no informar de que un producto tiene una funcionalidad limitada.
La revisión propuesta por el Ejecutivo comunitario plantea que los consumidores deben ser informados de la durabilidad de los productos durante más de dos años y establece que el vendedor debe informar a los consumidores cuando no existe esta garantía en los productos que consumen energía.
Además, el vendedor deberá proveer con información al consumidor sobre si es posible reparar un producto. Igualmente, en el caso de los dispositivos inteligentes, el consumidor deberá ser informado sobre las actualizaciones de software.
Esta revisión pretende mejorar la información de los consumidores y prohibir en lo que respecta al impacto medioambiental de los productos, así como su ciclo de vida o si pueden ser reparados, una medida con la que trata de luchar contra prácticas fraudulentas y deshonestas en términos medioambientales.